domingo, 28 de mayo de 2017

Temer y la crisis política en Brasil


Las instituciones brasileñas se han visto sacudidas por los audios de conversaciones entre el presidente Michel Temer y ejecutivos del grupo empresarial JBS, tan  comprometedoras que lo podrían hacer renunciar o permitir un juicio político.
                      
    
   El jueves 18 en horas de la tarde la red globo daba a conocer grabaciones de conversaciones entre el presidente del conglomerado JBS, Wesley Batista y el presidente de Brasil Michel temer, en la las que éste último daba su anuencia al pago de sobornos que el empresario le entregaba al ex presidente de la cámara de diputados, Eduardo Cunha, preso en la operación lava jato a cambio de su silencio.
 
  Por su parte la OAB, Orden de los Abogados de Brasil, colectivo con gran peso político e institucional, determinó el domingo 21 que existen elementos jurídicos para pedir el juicio político al primer mandatario. Por 25 votos a uno, el
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colegiado determinó que Temer no mantuvo el decoro e infringió la “Ley do Servidor Público", además del artículo 85 de la Constitución Nacional brasilera al haber actuado en favor de los intereses personales del empresario Joesley Batista en detrimento del interés público y por no avisar a las autoridades competentes los actos ilícitos cometido por éste.


 Así comenzó un lento pero irrefrenable declinio de un presidente que asumió por medio de un golpe palaciego mediante un juicio político en el que no se probó el delito de improbidad que establece el régimen legal, y que ahora se ve alcanzado por acusaciones de corrupción que lo privan de la más mínima legitimidad a tal punto que, según la casi totalidad de los analistas políticos de Brasil, sólo caben las dos soluciones: reemplazarlo por medio de elecciones indirectas realizadas por los senadores y diputados, la mayoría también acusados de corrupción, o por el voto de la ciudadanía en elecciones generales para todos los cargos.


¡Que lo disfruten!





La noticia terrorífica de la semana

En el programa también tratamos la triste noticia de una docente que falleció en la comisaría Nº10 de Rosario, Santa Fe, con sospechas de abuso policial y responsabilidad institucional. 


Una docente ingresó a la comisaría 10ª a realizar una denuncia el 3 de mayo a las 21. Dos horas más tarde, murió esposada dentro de la seccional. La policía culpa a la víctima. Reclaman que se investigue si fue torturada.

María de los Angeles París tenía 45 años, y era maestra y bibliotecaria en Rosario. El 3 de mayo pasado, entró a la comisaría 10ª, en el barrio Alberdi, para supuestamente hacer una denuncia pasadas las nueve de la noche, y salió muerta dos horas más tarde. Entre esas dos horas, la mujer salió de la comisaría y fue perseguida por uniformados que, tras esposarla, la volvieron a introducir. El informe policial reconoce que París estuvo en la comisaría pero asegura que tuvo un brote psicótico y que debieron contenerla para calmarla. Y que murió de un paro cardiorrespiratorio, el motivo que sufre la mayoría de los mortales, es decir, cuando el corazón deja de latir, indistintamente si se trató de una causa natural, una situación accidental o un crimen. Las versiones policiales que circularon en los medios la vincularon con drogas y con
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alteraciones mentales. La descripción no coincide con la historia de la docente según sus familiares y colegas. El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, buscó aclarar el caso de un modo muy particular: “No hay elementos para pensar que pudo haber habido responsabilidad policial”, sorprendió. En este caso, la irresponsabilidad los beneficia.


La muerte de París está llena de interrogantes, y tal como lo impulsa Pullaro, la policía no se esmera en encontrar las respuestas. Preguntas hay muchas. De hecho, todas las respuestas policiales llevan a más sospechas: la autopsia estuvo bajo la órbita policial; la investigación sigue en manos de la policía santafesina; los dos testigos que por el momento figuran en la causa fueron señalados por la policía (uno es el encargado de un velatorio ubicado frente a la 10ª, la otra una mujer que supuestamente pasaba con el auto y se bajó para ayudar a esposarla); la versión policial citada por los medios no corresponde al perfil de la víctima. Demasiado interés, testigos poco fiables, hiperactividad policial para ser irresponsables.

“Los hechos objetivos remiten a que es un caso de violencia institucional –aseguró a PáginaI12 Daniela Vergara, secretaria de DD.HH. de la Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafe), que acompañan a los familiares junto a la APDH y a la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario–. Entra en buen estado de salud, sin problemas cardiológicos, fue por su propia cuenta, se retira y la ingresan de manera muy violenta y esposada. Y termina muerta.”

Aquel día París terminó de dar clases en la escuela técnica de Tucumán y Pueyrredón a las 18.45. Hizo algunas compras en un supermercado de la zona, donde se encontró con un matrimonio amigo, que la dejó al tomar un taxi camino a su casa, en Zona Cero, al norte de la ciudad, cruzando la avenida de Circunvalación. En ese momento se le perdió el rastro hasta que apareció en la comisaría 10ª, del barrio Alberdi, que se encuentra entre la escuela y su casa, pero cuya jurisdicción no pertenece a su casa ni a la escuela. No se sabe qué la llevó a una comisaría, ni por qué eligió ésa. Hay un video de la cámara de seguridad de la 10ª en la que se la puede ver sentada, tranquila, sin indicios del brote que mencionó la policía.

“Cuando los hermanos se enteraron fueron a la comisaría –dijo a este diario Enrique Font, profesor de la Cátedra de Criminología–. Y al salir se cruzaron al velatorio, donde había un velorio. Varios asistentes, que no fueron citados a declarar, aseguraron a los familiares que vieron salir a una mujer con guardapolvo blanco gritando que la policía es igual que los ladrones, que la persiguieron policías varones y que la agarraron de manera violenta, del cuello, del pelo, la esposaron sin motivo y la volvieron a meter en la comisaría”.
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Dos horas después, la docente, esposada y encerrada en un cuartito de la comisaría (“usado habitualmente como salita de torturas”, indicó Font), fue hallada muerta.

La Amsafe, APDH y la Cátedra de Criminología, acompañan a los familiares de la víctima. Reclamaron a la justicia que se aplique el protocolo de Minnesota (por el que la fuerza de seguridad sospechada no puede autoinvestigarse y debe ser apartada de la causa) y el protocolo de Estambul (por el que en un caso de muerte bajo custodia del Estado debe investigarse el homicidio y la aplicación de torturas). “Estamos hablando del aparato represivo, usaron las esposas para alguien que no estaba privado de la libertad, y la privaron ilegalmente. Hay un hecho claramente objetivo que nos indica que hubo violencia institucional. Además de violencia de género, porque actuaron policías varones para agarrarla, esposarla, no intervino policía femenina. Los testigos hablan de insultos, que le propiciaba la policía en la calle”, sostuvo Vergara.

Hoy, se reunirán los delegados del gremio docente para decidir si realizan una medida en reclamo de justicia.