A 6 días de haber asumido, Javier Milei devalúa 118% el peso, hace que se disparen los precios, no toma medidas contra la inflación ni aumenta los salarios pero promete represión.
Con el economista Ernesto Mattos, Director del IDEPI-UNPAZ, hablaremos del desastre socio-económico que las primeras medidas del Gobierno Milei han provocado en la Argentina y del plan represivo de la ministra Patricia Bullrich (la misma del gobierno Macri) para contener la futura, e inevitable, protesta social.
Hablaremos del la ilegalidad del "protocolo Bullrich" contra las manifestaciones populares que rompe la división de poderes al tomar para sí medidas que son proipias del poder judicial.
También hablamos de la jugada maestra de la diplomacia venezolana en el litigio con Guyana por la región del Esequibo, y continuaremos analizando los temas más destacados de la realidad latinoamericana.
¡Que lo disfruten!
Hablaremos del la ilegalidad del "protocolo Bullrich" contra las manifestaciones populares que rompe la división de poderes al tomar para sí medidas que son proipias del poder judicial.
También hablamos de la jugada maestra de la diplomacia venezolana en el litigio con Guyana por la región del Esequibo, y continuaremos analizando los temas más destacados de la realidad latinoamericana.
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NOTA RELACIONADA: Transcribimos un artículo del portal informativo Contexto para entender algunos aspectos de la ilegalidad del "protocolo Bullrich".
NOTA RELACIONADA: Transcribimos un artículo del portal informativo Contexto para entender algunos aspectos de la ilegalidad del "protocolo Bullrich". |
La CGT y las CTA denunciaron el protocolo de Bullrich ante la OIT por violar la libertad sindical
20/12/2023
Las tres centrales sindicales pidieron la intervención con “carácter de urgente” de la OIT ante el protocolo contra la protesta social que desde hoy aplica la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Denunciar que criminaliza la protesta social y busca disciplinar a la sociedad como parte del ajuste económico.
La CGT junto con la CTA-T y la CTA-A solicitaron la intervención del Director General de la Organización Internacional del Trabajo y la remisión de la denuncia por “violaciones al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación” a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para su “urgente tratamiento”.
Para las centrales sindicales el protocolo «muestra que hay una clara y manifiesta decisión de criminalizar la protesta y de sustraerla de su ámbito jurisdiccional que es el socio laboral para trasladarla al fuero penal».
Dos días después del anuncio de la semana pasada que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, con medidas de fuerte ajuste que incluyeron una devaluación del 118% y desregulación del control de precios de la canasta básica, el Ministerio de Seguridad de la Nación adoptó el denominado “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de circulación”.
Las centrales sindicales sostuvieron que el protocolo “restringe y vulnera derechos constitucionales”. “La nueva reglamentación de la protesta social soslaya claramente derechos y garantías constitucionales básicos así como también las instituciones democráticas de nuestro país”, enfatizaron en la presentación firmada por los tres secretarios de Relaciones Internacionales de las centrales obreras: Gerardo Martínez (CGT), Adolfo Aguirre (CTA-A) y Roberto Baradel (CTA-T).
Los sindicalistas remarcaron que el protocolo se implementa en un contexto de fuerte ajuste de la gestión de Javier Milei que «dinamitará el poder adquisitivo de los salarios de las y los trabajadores formales e informales, trabajadores de la economía social y solidaria, de cuentapropistas y autónomos, así como también de jubilados y pensionados». En ese sentido, sostuvieron que las medidas económicas anunciadas, al paralizar la actividad económica y erosionar el poder adquisitivo, forman parte de una «estrategia disciplinadora», en la que se inserta la represión de la protesta anunciada por Bullrich.
El protocolo tiene su primera aplicación este miércoles, en la marcha convocada a 22 años de la represión del gobierno de Fernando de la Rúa que dejó muertos y decenas de heridos tras las protestas en Plaza de Mayo. La iniciativa de Bullrich autoriza a todas las fuerzas federales –Gendarmería, Prefactura, Policía de Seguridad Areoporturaria, Policía Federal y Servicio Penintenciario– a intervenir frente a “impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación”.
La CGT y las CTA denunciaron que el protocolo implica “una reglamentación abusiva tendiente a desnaturalizar derechos constitucionales reconocidos a su vez por normas internacionales fundamentales a las que nuestro país ratificó”.
“A su vez -prosiguieron- contradice recomendaciones de los órganos de control de la OIT así como también pronunciamientos jurisdiccionales internacionales en materia de libertad sindical, derecho de huelga incluido el derecho de protesta y manifestación”.
Las tres centrales sindicales pidieron la intervención con “carácter de urgente” de la OIT ante el protocolo contra la protesta social que desde hoy aplica la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Denunciar que criminaliza la protesta social y busca disciplinar a la sociedad como parte del ajuste económico.
La CGT junto con la CTA-T y la CTA-A solicitaron la intervención del Director General de la Organización Internacional del Trabajo y la remisión de la denuncia por “violaciones al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación” a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para su “urgente tratamiento”.
Para las centrales sindicales el protocolo «muestra que hay una clara y manifiesta decisión de criminalizar la protesta y de sustraerla de su ámbito jurisdiccional que es el socio laboral para trasladarla al fuero penal».
Dos días después del anuncio de la semana pasada que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, con medidas de fuerte ajuste que incluyeron una devaluación del 118% y desregulación del control de precios de la canasta básica, el Ministerio de Seguridad de la Nación adoptó el denominado “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de circulación”.
Las centrales sindicales sostuvieron que el protocolo “restringe y vulnera derechos constitucionales”. “La nueva reglamentación de la protesta social soslaya claramente derechos y garantías constitucionales básicos así como también las instituciones democráticas de nuestro país”, enfatizaron en la presentación firmada por los tres secretarios de Relaciones Internacionales de las centrales obreras: Gerardo Martínez (CGT), Adolfo Aguirre (CTA-A) y Roberto Baradel (CTA-T).
Los sindicalistas remarcaron que el protocolo se implementa en un contexto de fuerte ajuste de la gestión de Javier Milei que «dinamitará el poder adquisitivo de los salarios de las y los trabajadores formales e informales, trabajadores de la economía social y solidaria, de cuentapropistas y autónomos, así como también de jubilados y pensionados». En ese sentido, sostuvieron que las medidas económicas anunciadas, al paralizar la actividad económica y erosionar el poder adquisitivo, forman parte de una «estrategia disciplinadora», en la que se inserta la represión de la protesta anunciada por Bullrich.
El protocolo tiene su primera aplicación este miércoles, en la marcha convocada a 22 años de la represión del gobierno de Fernando de la Rúa que dejó muertos y decenas de heridos tras las protestas en Plaza de Mayo. La iniciativa de Bullrich autoriza a todas las fuerzas federales –Gendarmería, Prefactura, Policía de Seguridad Areoporturaria, Policía Federal y Servicio Penintenciario– a intervenir frente a “impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación”.
La CGT y las CTA denunciaron que el protocolo implica “una reglamentación abusiva tendiente a desnaturalizar derechos constitucionales reconocidos a su vez por normas internacionales fundamentales a las que nuestro país ratificó”.
“A su vez -prosiguieron- contradice recomendaciones de los órganos de control de la OIT así como también pronunciamientos jurisdiccionales internacionales en materia de libertad sindical, derecho de huelga incluido el derecho de protesta y manifestación”.
