Analizaremos los pormenores de la polémica decisión de la Corte Suprema por La que le aplican la derogada ley 24.390 (conocida como 2x1) a imputados por los delitos de lesa humanidad. También analizaremos lo que puede ocurrir en la declaración indagatoria que prestará Luis Ignácio “Lula” Da Silva al Juez Moro.
Con la participación de la Dra. Daniela Burlini, especialista en temas de derechos humanos, analizaremos el polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que decidió aplicar la ley 24.390, que tuvo vigencia entre 1994 y 2001, a un caso de crimen de Lesa Humanidad.
La ley, conocida como del “2 por 1”, permitía el cómputo de dos días de prisión
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efectiva, una vez dictada la sentencia, por cada día de prisión preventiva cuando el proceso superaba los dos años. Así, cada día de prisión preventiva después de dicho plazo, valía como dos de cumplimiento de pena.
La Corte, en un fallo de mayoría compuesta por los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Ronsenkratz y Horacio Rossatti. Los votos minoritarios correspondieron a los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda) decidió otorgarle este beneficio al represo Luis Muíña, condenado en el 2011 a 13 años de prisión, sin considerar que se trata de delitos permanentes y de lesa humanidad, que tienen un tratamiento particular por convenciones internacionales con rango constitucional desde 1994.
También actualizaremos lo que podría ocurrir en la declaración indagatoria que el expresidente Luis Ignácio “Lula” Da Silva prestará al Juez Moro en la ciudad de Curitiba, en el marco de la famosa causa “Lava Jato” en la cual se lo investiga.
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Tras el fallo de la Corte Suprema que le concedió el beneficio de la llamada "ley del 2x1" al represor Luis Muíña, el poder legislativo, en dos sesiones en días previos a la convocatoria a una marcha para repudiar la decisión judicial, sancionó la ley que priva este beneficio a imputados por delitos de lesa humanidad.
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Antes de la marcha convocada contra el reciente fallo de la Corte Suprema, el Senado aprobó por unanimidad la ley que excluye del beneficio del 2x1 a los autores de crímenes de lesa humanidad. La iniciativa había obtenido ayer la media sanción de Diputados.
El Senado de la Nación aprobó por unanimidad y convirtió en ley la norma que prohíbe la aplicación de la ley del 2x1 a los condenados por delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició a un represor. En un debate de cuatro horas y media, el proyecto que ayer obtuvo media sanción de Diputados fue aprobado por 56 votos afirmativos y ninguno en contra.
La norma aprobada establece que el 2x1, previsto en el artículo 7° de la ya derogada
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ley 24.390, "no es aplicable a delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra". En su segundo artículo sostiene que "será aplicable sólo a aquellos casos en los que el condenado hubiera estado en prisión preventiva durante la vigencia de la ley", entre 1994 y 2001. El tercer artículo señala que lo dispuesto en los dos artículos anteriores es "la interpretación auténtica" del "dos por uno" y que "será aplicable a las causas en trámite".
En representación del oficialismo, los senadores Federico Pinedo y Laura Rodríguez Machado intentaron responder a los cuestionamientos de la bancada opositora por los vaivenes del Gobierno para oponerse al fallo que benefició al represor Luis Muiña. "Rechazo de manera absoluta que el Gobierno haya hecho alguna jugada para que algún represor quede libre", enfatizó la jefa de los senadores del PRO.
El fallo deja entrever los mecanismos de la operación. La denuncia había sido radicada por Celia Esther Álvarez, dueña del garaje donde estaba estacionado el BWM, cuyo conductor abonó una semana de estacionamiento por adelantado. Vencido ese plazo, nadie apareció a buscarlo.
El jefe del bloque radical, Ángel Rozas, también salió en defensa del Gobierno e intentó desligarlo del fallo: dijo que se trató de "una decisión de uno de los poderes del Estado equivocado, absolutamente equivocado".
Desde el Frente para la Victoria cuestionaron la política del Gobierno nacional en materia de derechos humanos y a los jueces de la Corte que emitieron el fallo y fueron propuestos por el Gobierno: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. El presidente del Bloque del PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto, consideró que es necesaria una "oxigenación" de la Corte Suprema, al reclamnar que quienes hayan cumplido los 75 años "se retiren" o soliciten el análisis de sus pliegos en el Congreso, en una mención directa a Elena Highton de Nolasco.
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En la misma línea se expresó Adolfo Rodríguez Saa (Compromiso Federal), quien reiteró su planteo para ampliar el número de ministros de la Corte Suprema. El puntano estimó que el voto de la mayoría de la Corte sobre la aplicabilidad del "2 x 1" a delitos de lesa humanidad puso en evidencia que "estamos viviendo un retroceso histórico porque este fallo tan trascendente no es una ingenuidad".
Pichetto también cuestionó a los jueces supremos por no "haber hecho un esfuerzo, una cohesión entre los integrantes" al emitir el fallo del 2x1. “Nos encontramos con decisiones judiciales irracionales, que son irresponsables", señaló. Pidió "rearmar" el máximo tribunal para que "tenga una verdadera expresión" y que "haya un penalista en la Corte".
“Estamos votando un mensaje muy claro de uno de los poderes del Estado dirigido a otro poder que es el Judicial: el gato tiene cuatro patas, no tiene cinco. Tienen que dejar la construcción ficcional para hacer lo que quieren, tienen que atenerse a la ley", concluyó Pichetto.
ARGENTINA: 2 x 1 justicia para ninguno.
