24/07/2026│Lá última deriva macartista del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, utiliza una cruzada contra un supuesto "terrorismo de izquierda transnacional" como herramienta de guerra cognitiva y proselitismo político interno. En esa lógica, organizó una cumbre global y presentó un informe que criminaliza a Cuba sin pruebas, invirtiendo la historia para presentar a la isla como agresora y a EE.UU. como víctima.
Por Carlos Fazio
Desde su nombramiento como secretario de Estado el 21 de enero de 2025, Marco Rubio ha tenido dos obsesiones: acabar con el comunismo en Cuba y suceder a Donald Trump en el sillón de la oficina oval. Con tales objetivos, Rubio −quien en mayo siguiente también lograría concentrar los cargos de consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional− diseñó una estrategia que ha venido cumpliendo al pie de la letra. Así, a partir de una bien lubricada arquitectura comunicacional, logró fabricarse una figura que opera como eje simbólico para articular varios sentidos: el de autoridad y estratega estadounidense, combinando la presión internacional con sanciones, ayuda humanitaria, intervención, negociación y transición en la isla.
La Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político desarrollada el jueves 16 en Washington, que apeló al primitivo recurso fascista de atizar el miedo a una supuesta «amenaza roja», formó parte de esa arquitectura de influencia y guerra cognitiva manufacturada por Rubio y su corte de halcones. En términos de una cruzada ideológica purificadora y como fiel intérprete de la llamada doctrina Donroe plasmada en las estrategias de «seguridad nacional y contra el terrorismo» de la administración Trump, Rubio llamó a «aplastar» para siempre a un nuevo enemigo público número uno inventado: la extrema izquierda transnacional. Un enemigo difuso y genérico, que definió como esencialmente violento y ajeno a la civilización occidental y cristiana, y en el que, según su relato, confluyen comunistas, anarquistas, marxistas, antifascistas y hasta socialistas democráticos (como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani), categorías todas funcionales a la ultraderecha trumpista y sus satélites en el orbe.
A la «cumbre ministerial global» asistieron representantes de 66 países. Entre ellos estuvo el embajador uruguayo en Washington, Daniel Castillos. Esta participación está siendo objeto de cuestionamientos en la interna del Frente Amplio (FA), incluso dentro del Movimiento de Participación Popular. La mayoría de los sectores frenteamplistas creen que el envío de representación oficial fue un error y crecen las críticas hacia el canciller Mario Lubetkin. La Mesa Política del FA emitió una declaración en la que «repudia el ámbito promovido por la administración Trump» como «un nuevo intento de injerencia en la soberanía de los pueblos de América Latina, al pretender encubrir en discursos contra el terrorismo su vocación imperialista de dominación».
México, Brasil y Colombia prefirieron no ir. La presidenta Claudia Sheinbaum justificó la ausencia mexicana argumentando que era un encuentro más político que de seguridad y lucha contra el crimen organizado, por lo que decidió que no era «prudente» enviar delegados ni siquiera como «observadores».
La nueva caza de brujas alcanzó su mayor grado de cinismo cuando Rubio dijo que Cuba constituye «la capital mundial del terrorismo de izquierda radical». No fue un desliz. La frase había sido utilizada por él el 4 de junio anterior y amplificada como tesis oficial. La reunión ministerial era parte de un plan con maña, que sería seguido con la presentación, el lunes 20, de un documento del Departamento de Estado denominado Cuba: la capital del comunismo en el siglo XXI, que intenta presentar a la isla como el centro originario de una red que conectaría a lo largo de 67 años, de manera ininterrumpida, a guerrillas latinoamericanas, movimientos sociales legales en Estados Unidos, organizaciones solidarias, universidades, grupos contra las deportaciones, Antifa, Black Lives Matter y el activismo propalestino.
Sin soporte probatorio, con base en una colección de inferencias y una retórica de «culpabilidad por asociación», el informe pretende reconstruir la «historia completa» del espionaje y la supuesta subversión de Cuba en territorio estadounidense. Pero su ambición va más allá de registrar operaciones de inteligencia comprobadas o el apoyo histórico de La Habana a organizaciones armadas. Intenta demostrar una tesis imposible de probar: Cuba habría desarrollado, desde el triunfo revolucionario en 1959, una guerra integral contra Estados Unidos mediante espionaje, sabotaje, propaganda, infiltración ideológica, organizaciones aliadas y terrorismo de izquierda. A partir de ahí, cada capítulo selecciona hechos que intentan encajar en esa conclusión previa.
A la manera de un libro blanco, el documento se organiza en torno a una tesis conspirativa clásica –similar a aquel Testimonio de una nación agredida,difundido por el Comando General del Ejército uruguayo en 1978−, en la que la simple sospecha sustituye a la prueba y la omisión de datos sobre las operaciones terroristas, los sabotajes, el bloqueo y las sanciones de Washington contra la isla queda fuera del campo del análisis. El informe invierte la relación: Cuba actúa y Estados Unidos, receptor casi pasivo de una agresión cubana, reacciona. La militarización del vocabulario hace el trabajo que la evidencia no puede hacer. Una beca se vuelve reclutamiento; una delegación, entrenamiento; una afinidad, cadena de mando; una organización solidaria, frente de inteligencia; una protesta, operación enemiga. El resultado no es solo una lectura sesgada del pasado, es una categoría suficientemente elástica para criminalizar en el presente actividades políticas y sociales legítimas al interior de Estados Unidos y en el exterior.
Además, cuando subversión, terrorismo de izquierda, influencia, frente y agente carecen de límites verificables, las categorías pueden extenderse desde la violencia hacia el periodismo, la academia, la defensa legal, la solidaridad, la protesta y la crítica de la política exterior. La sospecha por asociación se convierte, entonces, en instrumento administrativo. La publicación tampoco puede separarse de la ofensiva discursiva de Rubio: la acusación central circuló antes que el informe. El documento la sistematiza, la reviste de autoridad estatal y la devuelve al espacio público como si fuera el resultado neutral de una investigación. Es una operación de violencia macartista: primero se instala el mensaje, después se produce el expediente que parece confirmarlo y luego se criminaliza, en primer lugar, a ciudadanos estadounidenses.
El informe no solo interpreta la historia: prepara el terreno para vigilar, sancionar y criminalizar a quienes cuestionen la política de Washington.